El procurador general Todd Rokita interviene para evitar el cierre de la planta de energía de Rockport en el suroeste de Indiana

El procurador general Todd Rokita anunció hoy que está tomando medidas para salvar del cierre a una planta de energía muy necesaria en el suroeste de Indiana.

En un tribunal federal de distrito de Ohio, el procurador general Rokita presentó una moción el viernes para intervenir en los procedimientos del decreto de consentimiento relacionados con el cierre programado para 2028 de la planta de energía AEP Rockport.

En abril, el procurador general Rokita se reunió con líderes locales de Rockport y el condado de Spencer para hablar sobre las preocupaciones en torno al cierre de la planta de Rockport y el impacto que tendría en la comunidad. Desde esa reunión, la oficina del procurador general ha estado trabajando activamente en una solución para intervenir.

«La política energética de Indiana debe ser decidida por los habitantes de Indiana y para los habitantes de Indiana, no por jueces situados a cientos de millas de distancia en Ohio», afirmó el procurador general Rokita. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los cierres de plantas, impulsados por acuerdos obsoletos y el exceso de autoridad federal, ponen en peligro la energía asequible y confiable para nuestras familias, empresas y nuestra economía en crecimiento. Nuestra oficina está tomando medidas decisivas para garantizar que esta fuente de energía segura siga disponible el tiempo que sea necesario».

La Estación Generadora de Rockport, ubicada en el condado de Spencer, consta de dos grandes unidades de carbón que han proporcionado energía confiable a la región. Indiana Michigan Power, una filial de American Electric Power (AEP), se había comprometido previamente a retirar la Unidad 1 para finales de 2028 bajo un decreto de consentimiento que involucra a la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., estados del noreste, el Sierra Club y otras partes activistas. Junto con esta decisión, Indiana Michigan Power decidió cerrar la Unidad 2 en el mismo plazo.

La planta de Rockport respalda más de 170 empleos directos, además de muchos más en la industria de suministro de carbón. Sus impuestos a la propiedad también constituyen una parte significativa de la base de financiación para escuelas, carreteras y servicios de emergencia. Estas pérdidas y el retiro anticipado de las plantas de carbón en todo el estado serían difíciles de absorber no solo en el condado de Spencer, sino también en los condados productores de carbón circundantes como Sullivan, Knox y Gibson. Indiana Michigan Power proyecta que la demanda de energía en su territorio de servicio en Indiana se duplicará con creces a principios de la década de 2030.

Las agresivas regulaciones federales bajo las administraciones de Obama y Biden continúan afectando a las plantas de carbón confiables. Estas administraciones endurecieron significativamente las normativas que afectan a las centrales eléctricas de carbón para acelerar su jubilación. Muchas de estas regulaciones se han revocado desde entonces o se están reconsiderando, y las tecnologías de las plantas, como los depuradores de chimeneas y otras medidas de control de la contaminación, han reducido sustancialmente las emisiones en los últimos 30 años.

Desde una perspectiva de costos, estas unidades ya están construidas y prácticamente amortizadas, por lo que el retiro anticipado corre el riesgo de cargar a los contribuyentes con el valor contable restante de un activo variado. Si bien Indiana Michigan Power ha anunciado planes para construir una planta de gas natural de 1520 megavatios en el sitio, esto no puede reemplazar la capacidad de carbón existente de 2600 megavatios. A diferencia del gas natural —que a menudo se importa de fuera del estado y depende de la capacidad de los gasoductos—, el carbón se puede obtener a nivel regional y almacenar en el sitio.

La oficina del procurador general Rokita está interviniendo en los esfuerzos para anular la disposición del decreto de consentimiento que exige de manera efectiva la retirada de la planta de carbón. El procurador general Rokita mantiene su compromiso de defender los intereses de Indiana e impulsar una reevaluación basada en las realidades actuales. La moción busca proteger a los trabajadores, las comunidades locales, los contribuyentes y la economía en general, al tiempo que responsabiliza a las agencias federales y a los actores de fuera del estado.

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